La CEPAL advierte que la falta de inclusión financiera refuerza la desigualdad en la región
Los sistemas financieros de la región muestran problemas de
segmentación al quedar amplios sectores del tejido económico y social,
especialmente empresas pequeñas y medianas e individuos de menores
ingresos, sin acceso a sus servicios, lo que supone un obstáculo para la
superación de la pobreza y la desigualdad, según señala un nuevo
estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento, titulado El sistema financiero en América Latina y el Caribe: una caracterización
y publicado recientemente, advierte que los países de la región tienen
todavía por delante el desafío de impulsar el desarrollo de sus sistemas
financieros.
La CEPAL entiende por
desarrollo de los sistemas financieros la capacidad de estos de brindar
acceso a servicios financieros a los sectores que hoy permanecen
excluidos, así como de contar con una mayor diversificación y cobertura
de riesgos con el fin de responder a las necesidades de una estructura
productiva heterogénea y de lograr una mejor asignación de recursos.
El
estudio, que se apoya en cifras del Banco Mundial, analiza dos
componentes principales de los sistemas financieros: el sector bancario y
los mercados de capitales, tanto accionarios como de deuda.
En
el caso del sector bancario, los datos del Banco Mundial muestran que,
en el conjunto de las economías de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), 90,5 % de la población mayor de 15 años
contaba en 2011 con una cuenta en una institución financiera formal,
mientras que en América Latina y el Caribe ese indicador se situaba en
39,3 %, con variaciones que van desde 13,8 % en El Salvador hasta 55,9 %
en Brasil.
Además, en esta región son los
individuos de menores ingresos los que se ven más perjudicados por la
falta de acceso. Esto se advierte al observar que el acceso a cuentas en
instituciones formales por parte del 60 % de la población de mayores
ingresos es el doble que el acceso por parte del 40 % de los individuos
de menores ingresos (50 % en comparación con 25 % respectivamente),
según cifras del Banco Mundial.
En los países de la zona del euro, por el contrario, el acceso es casi igualitario para ambos grupos de ingresos.
Según
advierte el estudio, en el caso de América Latina y el Caribe esta
disparidad refuerza las inequidades y supone un obstáculo para superar
la situación de vulnerabilidad de los más pobres.
El
informe explica también que en todas las regiones del mundo la
proporción de empresas grandes que disponen de un préstamo o línea de
crédito es mayor que la de pequeñas compañías que cuentan con esos
mecanismos, aunque recalca que la brecha es más profunda en los países
de ingreso medio y bajo.
En el caso de América
Latina y el Caribe, los porcentajes ascienden a 70 % entre las grandes
compañías y a 40 % entre las pequeñas. Estas últimas, además, acceden a
los créditos con colaterales más exigentes y tasas de interés más
onerosas.
Según el estudio, estas desigualdades en
la inclusión financiera se deben, entre otros factores, a que los
mercados financieros están sujetos a fallas del mercado, a los problemas
de información asimétrica y al imperfecto control y monitoreo de los
contratos de deuda y crédito.
Respecto a los
mercados de capitales, el documento indica que en la mayoría de los
países de la región los mercados accionarios son de reducido tamaño y
baja liquidez y el acceso a ellos permanece en general limitado a un
número reducido de grandes empresas.
Los mercados
de títulos de deuda, en tanto, están dominados por los bonos del sector
público, mientras que las empresas no suelen recurrir a los bonos de
deuda corporativa para financiar sus inversiones.
Finalmente,
el informe indica que algunos inversores institucionales, como los
fondos de pensiones, los fondos mutuos y las compañías de seguros, han
ido cobrando relevancia en la región, pero su contribución al desarrollo
del mercado de capitales ha sido menor a la potencial porque colocaron
partes significativas de sus carteras en activos de los gobiernos o en
depósitos bancarios e invirtieron en menor medida en acciones y títulos
de deuda de empresas.
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